Conozca sus derechos: Su escuela no tiene ningún derecho a revisar su estatus migratorio
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En estos momentos, cuando nuestro gobierno federal ha ordenado que agentes de ICE persigan agresivamente a personas indocumentadas, es importante hacerles recordar a nuestras poblaciones más vulnerables de sus derechos constitucionales. A pesar de que el gobierno de Trump haya dicho repetidamente que sólo se enfocará en los “malos hombres”, hemos visto que éste no es el caso. Los agentes ingresan a lugares donde no deben, como las iglesias, los albergues, y los tribunales. Y nos preocupa otra institución que no habría que vulnerar: la escuela.
Algunos distritos escolares han tomado medidas para proteger a los estudiantes de las autoridades federales de inmigración. Otros no lo han hecho.
Todo niño en el estado de California tiene derecho a una educación pública, sin importar su raza, etnia, nacionalidad, sexo, religión, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, lengua, discapacidad, o estado migratorio.
Se requiere por ley que las escuelas ofrezcan un ambiente seguro y acogedor para que los estudiantes puedan enfocarse en su cometido: el aprendizaje.
El derecho a la educación significa poder ir a la escuela sin temor a que tú o tus familiares sean deportados, o a que los maestros te hagan preguntas que infunden el miedo, o que los administradores te pidan documentos innecesarios.
Un fallo del Tribunal Supremo de 1982 dictamina que los estados no pueden negarles a los estudiantes una educación pública y sin costo por motivo de su estado migratorio. Y la California School Boards Association también ha dejado claro que cualquier indagación referente al estado migratorio de un estudiante puede ser violación de la ley federal.
No obstante, algunas escuelas les piden a los estudiantes que presenten documentos de inmigración, tarjetas del seguro social, hasta actas de nacimiento cuando se inscriben o se matriculan. Esto no es correcto. A las escuelas sólo se les permite pedir documentos que comprueban que el o la estudiante vive en el distrito escolar, como por ejemplo una cuenta de las utilidades de casa.
Nos preocupa que estas tácticas sirvan para alejar a los estudiantes de la escuela, o a los padres de participar en la escuela de sus hijos, y que pudieran hasta desanimar a los padres de inscribir a sus hijos en la escuela. En California, el miedo a la deportación afecta mayormente a los estudiantes de color, que no hablan inglés. Por esta razón, estamos sacando al público recursos de Conozca sus derechos en inglés y en español, para recordar a los padres y a los estudiantes de sus derechos en California.
También estamos colaborando con organizaciones comunitarias por todo el estado en una campaña de escuelas santuario para asegurar que los distritos escolares se comprometan a no cooperar con actividades de las fuerzas del orden que no tengan un propósito educativo en los recintos escolares, tales como controles migratorios. Lea más sobre cómo podrá abogar por una política modelo de juntas escolares santuario en su propio distrito escolar en nuestra Guía para la defensa de los derechos en las juntas escolares.
Linnea Nelson es abogada de temas de equidad en la educación en la ACLU del norte de California.
