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San Francisco - La ACLU del Norte de California, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes (IRP) de la ACLU, el Centro de Estudios de Géneros y Refugiados de la Facultad de Derecho de UC Hastings (CGRS) y los abogados pro bono de Riley Safer Holmes & Cancila (RSHC) antepusieron hoy una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) por rehusarse a entregar documentos que aclararían cómo la agencia trata a los solicitantes de asilo.
El pasado octubre, el IRP y el CGRS enviaron dos solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) a ICE para obtener las estadísticas de las decisiones tomadas al conceder o no libertad condicional a los solicitantes de asilo detenidos desde el 2010 hasta el presente, así como los documentos que contienen las políticas para determinar cómo deciden otorgar el asilo. ICE ignoró la mayor parte de la solicitud.
“Hemos visto un cambio en todo el país en las políticas de detención para los solicitantes de asilo recién llegados que tienen el temor verosímil de ser perseguidos y necesitamos esta información para determinar qué ha cambiado y por qué”, dijo Angélica Salceda, abogada de la ACLU del Norte de California. “El público tiene derecho a saber si ICE ha dado marcha atrás en sus políticas.”
Previamente, ICE otorgaba sistemáticamente libertad condicional para que los solicitantes de asilo pudieran proseguir con sus solicitudes fuera de un centro de detención. Desde por lo menos noviembre del 2014, ICE ha estado negando la libertad condicional a los solicitantes de asilo incluso cuando satisfacen los requisitos de una de las directrices políticas de ICE que requiere que sean liberados. La directriz entró en vigencia en enero del 2010 y ha sido promovida por ICE como un importante logro en las reformas a la detención.
La directriz establece que “cuando se determina que un extranjero recién llegado tiene un temor verosímil y establece satisfactoriamente [para ICE] su identidad y él o ella no representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad, [ICE] debe” – en ausencia de “factores trascendentales excepcionales” – “conceder libertad condicional al extranjero en base a que continuar con su detención no es de interés público.”
“Nos preocupa que esta tendencia de encerrar a los solicitantes de asilo tenga como objetivo obstaculizar los esfuerzos de quienes huyen de la persecución, violencia extrema e incluso de la muerte”, dijo Michael Tan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “No es lógico detener a personas que no representan un peligro y que tienen un gran incentivo para comparecer ante la corte. Tienen derecho a solicitar protección bajo las leyes de EE.UU. y las leyes internacionales.”
Documentos disponibles públicamente revelan que, en el 2012, ICE reportó que el 80% de los solicitantes de asilo que establecieron un temor verosímil fueron liberados bajo palabra. En el 2015, esta cifra se redujo a solo 47%. La mayoría de los solicitantes de asilo detenidos son encerrados en centros de detención de inmigrantes privados que en la actualidad están bajo evaluación por parte del DHS.
“La detención en masa de los solicitantes de asilo es innecesaria e inhumana”, dijo Eunice Lee, codirectora legal del Centro de Estudios de Género y Refugiados. “Encarcelar a las personas que han demostrado tener la posibilidad significativa de que se les otorgue el asilo plantea graves inquietudes en materia de derechos humanos y civiles.”
La demanda fue interpuesta en el tribunal del Distrito Norte en San Francisco.
