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SAN FRANCISCO, Calif. — Abogados representado a niños inmigrantes y a sus familias demandaron hoy al Procurador General Jeff Sessions, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Servicios Humanos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) por utilizar alegaciones de afiliación a pandillas sin fundamento, para así detener ilegalmente a adolescentes en instalaciones similares a cárceles en California. Los demandantes principales, que buscan representar a una clase más amplia, vivían en el Condado de Suffolk, Nueva York, donde hace dos semanas el Presidente Trump dió un discurso en el que apoyaba la brutalidad policial contra personas sospechadas de violencia pandillera.
La demanda acusa a ORR por aceptar alegaciones de afiliación a pandillas sin fundamento, provistas por ICE para colocar a niños en condiciones severamente restrictivas, a pesar de que el gobierno había liberado a los jóvenes a la custodia de sus padres previamente. Los demandantes fueron trasladados a centros de detención lejanos, sin notificación a sus padres o abogados y no se les dio la oportunidad de impugnar los cargos contra ellos. Los clientes están representados por ACLU de California del Norte, ACLU nacional y Cooley LLP.
“El gobierno debidamente volvió a reunir a estos niños con sus familias hace años”, dijo William S. Freeman, abogado principal de ACLU de California del Norte. “Ellos tienen sueños y reclamos legales para permanecer en los Estados Unidos, pero han sido barridos por una administración que le da prioridad a las deportaciones sobre la verdad y la justicia.”
La demanda acusa a las autoridades federales - que bajo el disfraz de una "represión" contra las pandillas callejeras transnacionales - se embarcan en un esfuerzo concertado para detener y deportar a niños, basados en afirmaciones no confiables de afiliación pandillera y en informes defectuosos de antecedentes penales.
“Estamos hablando de adolescentes que fueron encarcelados por jugar a pelear con un amigo, o por mostrar orgullo en su país natal de El Salvador. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados está aceptando al por mayor que los jóvenes inmigrantes deben ser mantenidos tras rejas por motivo de sus apariencias o de donde vienen”, dijo Steven Kang, abogado de ACLU.
“La policía y los agentes de inmigración están arrestando a niños porque creen que se ven como pandilleros pero los jóvenes somos el futuro de este país y tenemos mucho que ofrecer”, dijo J.G.*, uno de los demandantes de diecisiete años. “No juzguen a las personas por su apariencia.”
Otro demandante juvenil, F.E., * informa que había sido detenido con frecuencia por la policía del condado de Suffolk (SCPD) a partir de la primavera 2017. Su petición para reunirse con el departamento de policía para presentarse y abordar el acoso fue rechazado. El 9 de junio, este adolescente estaba caminando a casa, regresando de un partido de fútbol y jugando a pelear con un amigo cuando los oficiales de SCPD lo arrestaron por conducta desordenada. Lo liberaron cinco días después, y luego fue detenido nuevamente dos días más tarde por agentes de policía locales que le dijeron a F.E. que estaba siendo arrestado para ser entregado a las autoridades de inmigración para su deportación. Él ha estado recluido en la detención de ORR desde entonces debido a las alegaciones sin fundamento por parte de ICE sobre su “afiliación a pandillas”.
El SCPD — que reconoció que utiliza a ICE para detener a adolescentes para los cuales no tiene evidencia para arrestarlos — fue investigado por el Departamento de Justicia en el 2009 por prácticas policiacas discriminatorias contra miembros de la comunidad latina. Debido a esta investigación y sus hallazgos, el SCPD es actualmente parte en un acuerdo que requiere que el departamento implemente “cambios significativos en cómo interactúa en la comunidad latina”. Los demandantes juveniles nombrados, todos ellos latinos, reportan ser vistos, enfocados y perfilados por la policía local.
La ley le requiere a ORR que asegure que un niño que haya emigrado a los Estados Unidos solo sea colocado bajo el cuidado de un miembro de su familia o un patrocinador en los Estados Unidos, o, en la alternativa, que sea colocado en un entorno lo menos restrictivo posible. La demanda alega que ICE y ORR están violando este requisito re-arrestando a los niños que ya han sido procesados y liberados, bajo el cuido de patrocinadores, por ORR, y colocándolos en instalaciones similares a cárceles.
“Este caso se centra en la negación de las protecciones fundamentales que se encuentran en el corazón de nuestro sistema legal, y que le aplican a todos, sin importar su estatus migratorio”, dijo Martin Schenker, socio de Cooley LLP. “A los niños se les niega el acceso a su familia y a representación legal y los encarcelan en lugares remotos basados en alegaciones poco confiables y sin fundamento, lo que equivale a una violación totalmente inaceptable de sus derechos estatutarios y constitucionales”.
La demanda colectiva fue presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. de California del Norte. Los demandantes buscan ser devueltos a la custodia de sus padres y solicitar una declaración que establezca que el gobierno ha violado sus derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos, la ley federal de inmigración y un decreto de 1995 que establece normas nacionales para el tratamiento de los niños inmigrantes. La demanda también busca una orden judicial para impedir que el gobierno arreste y detenga a niños inmigrantes sin razón.
La demanda de hoy enmienda una demanda que se radicó originalmente el 22 de junio a nombre de un demandante juvenil del Condado de Suffolk y su madre.
*Los demandantes son identificados por sus iniciales.
