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San Francisco – Una coalición de organizaciones que ofrecen servicios de asesoría legal y trabajan por los derechos civiles demandaron al Departamento de Vehículos de Motor (DMV) esta mañana por suspender ilegalmente las licencias de conducir de conductores de bajos recursos de California.
La demanda fue interpuesta en nombre de conductores a los que se les ha suspendido su licencia de conducir en violación a su derecho estatutario, su derecho al debido proceso y su derecho a recibir igual protección de sus derechos. Cada uno de los demandantes no pudo pagar el exorbitante costo asociado con multas rutinarias de tránsito y se les suspendieron sus licencias sin evaluar su capacidad de pagar. Esta persistente práctica es común en los tribunales de tránsito de California y no ha sido evitada por las políticas de amnistía implementadas el año pasado. El DMV calcula que a más de 600,000 californianos se les han suspendido sus licencias de conducir por no pagar una multa o por no comparecer ante los tribunales.
Los demandantes alegan que, aunque el DMV tiene la autoridad legal de suspender las licencias de las personas que intencionalmente han dejado de pagar una multa de tránsito, la pobreza no se puede considerar “intencional”. Los tribunales de tránsito deben dar a las personas la oportunidad significativa de comprobar su incapacidad de pagar y si no lo hacen, es ilegal que el DMV cumpla con la solicitud del tribunal de suspender la licencia.
La demanda señala que las Cortes Supremas de Estados Unidos y de California han ratificado que una licencia de conducir no es un lujo y que es esencial para la subsistencia de muchas personas. La capacidad de conducir a menudo es necesaria para poder obtener y mantener un empleo, cuidar de los hijos o familiares y trasladarse hacia citas médicas.
El demandante Guillermo Hernández del Condado de Contra Costa, recibió una multa de tránsito en el 2013 por no haber actualizado su dirección en su licencia de conducir y no tener una matrícula válida. Compareció ante el tribunal dos veces para tratar de resolver la multa y ambas veces le dijeron que “no estaba en el sistema”. A pesar de estos intentos, su licencia fue posteriormente suspendida. Aunque el Sr. Hernández no ha podido encontrar trabajo estable desde que perdió su pequeña empresa en el 2013 después de un robo, nunca se le dio la oportunidad de explicar sus circunstancias económicas ante un tribunal y se le ordenó pagar más de $900 para reintegrarle su licencia.
Las inconstitucionales políticas de suspensión de las licencias de conducir tienen significativas implicaciones sobre las comunidades de color de California. Un informe publicado en el 2016 revela la desigualdad racial y socioeconómica que existe en la suspensión de las licencias de conducir y los arrestos relacionados con la falta de pago de multas de tránsito y recargos. Los expedientes públicos del Departamento de Vehículos de Motor de California y de la Oficina del Censo de EE.UU. demuestran que, principalmente en las comunidades afroamericanas y latinas, la tasa de suspensión de las licencias de conducir es hasta cinco veces mayor que el promedio en el estado.
Esta acción legal sigue los pasos de demandas que impugnan las injustas prácticas de suspensión de las licencias de conducir en los tribunales de tránsito de los Condados de Solano y Los Ángeles. Esta demanda estatal se presentó ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda después de que el DMV no respondiera a una carta de demanda enviada el 1 de agosto de 2016. Los demandantes son representados por:
- Bay Area Legal Aid
- ACLU del Norte de California
- Clare Pastore, Escuela de Derecho Gould de USC
- Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco (LCCR)
- Centro Occidental sobre Leyes y Pobreza
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
- Centro Legal Comunitario de East Bay
Citas de la coalición
Bay Area Legal Aid
“Nadie debe verse forzado a escoger entre mantener su licencia de conducir y poner comida sobre la mesa para su familia. El DMV debe dejar de castigar a la gente por ser pobre.”
— Rebekah Evenson, Directora de Litigio y Defensa y Promoción de Causas
ACLU del Norte de California
“El estado no puede seguir dependiendo de exorbitantes multas de tránsito y recargos para financiar las funciones básicas de nuestro gobierno. Es un impuesto regresivo para los californianos de bajos recursos y para toda persona que es víctima de la excesiva vigilancia policial y del uso de perfiles raciales.”
— Christine Sun, Directora Legal y de Políticas
Clare Pastore, Escuela de Derecho Gould de USC
“El objetivo de la suspensión de las licencias es ser una herramienta para obligar a los infractores a pagar lo que deben—personas que pueden pagar, pero no lo hacen. En su lugar, el DMV y los tribunales de California están usándola como un castigo para la pobreza. Esta es a la vez una terrible política pública y una violación de las leyes.”
— Clare Pastore, Profesora de Derecho
Comité de Abogados por los Derechos Civiles
“Bajo las prácticas actuales, una persona puede perder su licencia de conducir porque no puede pagar una multa por imprudencia peatonal—un sistema que se supone debe ser acerca de seguridad pública se ha convertido en un sistema para cobrar multas para el estado.”
— Elisa Della-Piana, Directora Legal
Centro Occidental sobre Leyes y Pobreza
“Es alarmante que se haya suspendido injustamente la licencia de conducir de cientos de miles de personas y que esta práctica afecte de forma tan excesiva a las personas de color.”
— Paul Tepper, Director Ejecutivo
