Los vecinos de Central Valley diseñaron su propia línea de transporte, y van para más
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La comunidad de West Park se encuentra a menos de media milla de la ciudad de Fresno. Es un lugar pequeño, de unas 130 casas; una comunidad unida. Si se les pregunta por qué viven en West Park, las respuestas van de “Me encanta aquí. Somos como familia”, seguido de “es tranquilo, no como la ciudad”. La comunidad es de ambiente rural: por cualquier tarde se ve a hombres a caballo por la vía principal y aquí se crían pollos y otros animales. Abundan las familias campesinas y muchos trabajan largas horas en los campos y las plantas empacadoras que sustentan la boyante industria agrícola del valle de San Joaquín. La organización que me emplea, California Rural Legal Assistance, Inc., (CRLA) ha pasado más de medio siglo colaborando con los residentes de comunidades como West Park.
A pesar de estar cerca de la ciudad, West Park no recibe los servicios de infraestructura que la mayoría de las urbes de California dan por sentado. La comunidad no tiene aceras, sistema de alcantarillado, cunetas, iluminación pública, áreas verdes o parques. No cuenta con las amenidades típicas de los pequeños pueblos como restaurantes, bancos o gasolineras. Los vecinos tienen que ir hasta la ciudad en busca de todo lo que necesitan y, hasta hace poco, la falta de servicio de transporte público presentaba un gran obstáculo para los que tenían que llegar a empleos, servicios, escuelas, médicos y otras necesidades cotidianas. Los de West Park llegaban a pie o en bicicleta al paradero más cercano del autobús o hasta la ciudad – un peligro por las concurridas calles rurales – o pagaban caro para ir en carro.
La comunidad de West Park sabía que tenía que haber otra forma mejor. Entonces, los residentes formaron un grupo comunitario llamado Los Olvidados, para hacer frente a las mayores necesidades de la comunidad. Las leyes de California requieren que los gobiernos locales aumenten su inversión en comunidades como West Park para cerrar la brecha en oportunidades para los residentes, pero estos saben por experiencia que tienen un camino arduo y que deben pelear por sus derechos. Es de vital importancia que los funcionarios del condado trabajen hombro con hombro con los residentes para asegurar que estas comunidades tengan los recursos que requieren. Los Olvidados contrataron a CRLA para darles instrucción legal, capacitación para desarrollar liderazgo y representación legal en apoyo a los líderes de la comunidad.
Los Olvidados lograron su primer gran victoria en noviembre: el establecimiento de una línea de transporte público que sirve a la comunidad. Esta ruta representa un hito para la comunidad y da fe a la fuerza de los líderes de la comunidad. El proyecto de transporte también representa un modelo de cómo las agencias de planificación locales pueden, y deben, coordinar directamente con los residentes para ofrecer acceso a los servicios críticos de manera que cumplan con las necesidades de la comunidad. Los residentes colaboraron con la agencia de tránsito del condado, Fresno County Rural Transit Agency (FCRTA), en el diseño de la ruta desde el inicio, para mejor servir las necesidades de la comunidad. Son esenciales los procesos desde la base de la comunidad para la creación de comunidades prósperas y robustas.
El día de la apertura de la línea de autobús, los que han vivido años en West Park tuvieron, por primera vez, la oportunidad de tomar transporte público hasta Fresno. Comenta David Sánchez, vecino de West Park, que antes de la línea de transporte “[la] comunidad hacía lo que podía con lo que tenía para ir y volver de la ciudad de Fresno”. Ahora, “[la línea de tránsito] ¡otorga poder a los residentes de West Park y nos permitirá ser más independientes!” explica vecina Terri Hernández.
Para entender por qué los residentes de West Park tuvieron que pelear tanto por recibir servicios básicos, es importante entender la relación que tiene West Park con las ciudades, los pueblos y los gobiernos locales que lo circundan. West Park está tildado de “comunidad en desventaja y no incorporada” (DUC por sus siglas en inglés). Las DUC son comunidades “no incorporadas” – o sea que no forman parte de la ciudad – con un ingreso por hogar promedio de menos del 80% del promedio en California. Si bien cada comunidad tiene una historia y un carácter propios, muchas DUC comparten dos características: son comunidades de color de bajos ingresos, con un número importante de personas que no hablan bien el inglés, y han vivido décadas de reducciones en la inversión y de exclusión de los procesos de utilización de las tierras que forman sus comunidades.
Así como las zonas urbanas, las rurales se forman según las decisiones de utilización de tierras que se toman a nivel del gobierno local. Estas decisiones determinan qué tipos de usos se permiten en cada área: usos industriales, agrícolas, residenciales o comerciales; y también por dónde fluyen las inversiones para la infraestructura y los servicios como la policía y protección de incendios. Las comunidades de color y de bajos recursos con frecuencia cargan con los costos del desarrollo. Tienden a localizarse los centros industriales, las plantas empacadoras, centrales lecheras, parcelas de pienso, centros de extracción y vertederos cerca de comunidades de color más pobres, mientras que las inversiones en los parques, senderos para bicicleta, transporte, iluminación pública, centros comerciales, y oficinas tienden a localizarse en zonas más pudientes de personas blancas.
Las décadas de inversiones y políticas de utilización de tierras injustas llevaron al final a la elaboración de protecciones legales del estado y del gobierno federal cuyo objetivo es revertir estos patrones de inversión. Sin embargo, a pesar del requerimiento legal que tienen los gobiernos locales para invertir en las comunidades en desventaja y mejorar las disparidades en el acceso a los recursos, los residentes de las DUC con frecuencia pasan décadas peleando por el acceso a agua potable, aceras, iluminación pública y otra infraestructura básica, mientras que los condados dirigen los recursos a otras partes.
CRLA cuenta con una iniciativa particular para colaborar con las DUC – la Community Equity Initiative (CEI) – la cual combina esfuerzos innovadores de justicia ambiental con estrategias legales singulares para asegurar que las comunidades de bajos recursos no se queden atrás. La CEI colabora con líderes de la comunidad para crear conciencia sobre las DUC, aumentar la inversión en la infraestructura de las comunidades, abogar por un desarrollo equitativo, garantizar justa representación y crear capacidad de liderazgo, para que los residentes puedan participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus comunidades y sus familias.
En los próximos meses, Los Olvidados abordarán otras metas. El grupo patrocinará una campaña para regalar juguetes en diciembre, se dirige a temas de aplicación de códigos en su comunidad, y hace seguimiento de los proyectos locales de utilización de tierras. El condado de Fresno, por su parte, está actualizando su Plan General y debe hacer prioridad de la planificación equitativa e incluir a West Park en su plan, para cumplir con la ley estatal sobre las DUC. Esta actualización presenta una oportunidad para que el condado de Fresno muestre su compromiso con sus obligaciones legales y los residentes de West Park. Los Olvidados y otros líderes locales participarán en estos procesos para asegurar que la comunidad de West Park y otros similares reciban las inversiones que se merecen y que han esperado recibir durante ya mucho tiempo.
Mariah Thompson es abogada de la Community Equity Initiative, de la California Rural Legal Assistance, Inc., la cual atiende temas de justicia ambiental y racial en las comunidades rurales del valle de San Joaquín. Recibió su título de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia en el 2014.
Fundada en 1966, la misión de la California Rural Legal Assistance, Inc. es la de luchar por la justicia y los derechos del individuo en colaboración con las comunidades más explotadas de nuestra sociedad. Mediante una red de oficinas regionales y programas interdisciplinarios, CRLA ofrece servicios legales a más de 50 mil personas de bajos recursos cada año. La labor de CRLA surte impacto sobre los campesinos, los discapacitados, las poblaciones de inmigrantes, de LGBT, las mujeres, los niños y las familias en las zonas rurales. Para más información sobre CRLA, visite: www.crla.org.
